La enésima vuelta de tuerca del actual gobierno, ha decidido que el autoconsumo energético (o lo que es lo mismo, la producción de nuestra propia energía mediante paneles fotovoltaicos y minieólicos y consumirla en el momento), se debe implantar de forma muy controlada y sin perder de vista "la compleja situación económica" que ahora sufre el sector eléctrico. Esto significa que el borrador del decreto de autoconsumo (que era esperado por muchos consumidores para ahorrarse unos euros en la factura) resulta que ha incluido un peaje "de respaldo" que sube la tarifa de quién lo ponían en práctica.
Las cuantías de los primeros peajes de respaldo se incluyen en el borrador del decreto elaborado por el Ministerio de Industria. Según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), el peaje de respaldo que se pagará por generar energía en un domicilio será un 27% más alto que si se opta por el consumo convencional y se abona el peaje por el uso tradicional de la red. La asociación, que agrupa a unas 300 empresas y representa a un 85% del sector, critica que se impida el ahorro de los consumidores y se paralice la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico.
El autoconsumo está consolidado en EE UU o países como Holanda
En los últimos cinco años los consumidores han visto cómo los precios de la tecnología fotovoltaica han bajado un 80%. En un contexto de crisis en el que las tarifas de las eléctricas no hacen más que subir, producir su propia electricidad con paneles solares o molinillos se había convertido en una alternativa de ahorro muy interesante. Se ha desarrollado un pequeño mercado de autoconsumo instantáneo, amparado por un decreto de 2011, en el que se han integrado sobre todo industrias y comercios, que conseguían reducir sus facturas energéticas y mejorar su competitividad. Cuando se apruebe el decreto de autoconsumo tienen dos meses para inscribirse en un registro oficial y comenzar a pagar estos peajes. En caso contrario, se enfrentan al corte de suministro o a sanciones que llegan a los 30 millones.
Aunque en España sea relativamente nuevo, el autoconsumo energético está más que consolidado en países como Estados Unidos (sobre todo en California) u Holanda. Es el camino hacia el que se dirigen las políticas de la Unión Europea. Lo habitual en los países en los que se ha implantado es que se incentiven estas prácticas bonificando los peajes, permitiendo a los consumidores que viertan energía a la red y la recuperen cuando la necesiten u ofreciéndoles la posibilidad de venderla a la compañía eléctrica, algo que no ocurre aquí.
El decreto nombra las bondades del sector renovable y la eficiencia energética, así como las múltiples directivas europeas que las promueven. Sin embargo, no esconde que se busca una “evolución gradual” del autoconsumo que no atente contra el conjunto del sistema eléctrico. Habla de “dirigir” el desarrollo de este “novedoso mecanismo” y considera un “reto adicional” su integración en el sistema.La energía sobrante que se vierta a la red no será remunerada
El Gobierno del PP considera que tener muchos puntos que puedan emitir energía puede ser beneficioso para un sistema de grandes centrales como el español, sobre todo en lo relativo a las pérdidas de red (que suponen entre un 10% y un 15%). Acto seguido subraya que la generación distribuida (tener muchos productores de electricidad) no reduce los costes de mantenimiento de transporte y distribución, ni los costes ajenos al suministro que se incluyen en los peajes de acceso. “En algunos casos podría provocar costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas”, justifica.
La venta de excedentes energéticos (facilitar que se venda o intercambie la energía que no se utilice) se contempla como un “objetivo”, pero no se ha desarrollado. De hecho, el texto especifica que las cesiones de energía eléctrica a la red pública “no podrán llevar aparejada contraprestación económica”. La modalidad conocida como balance neto (que consiste en aportar energía sobrante a la red para luego recuperarla cuando se necesite en la misma cantidad) no se contempla de momento.
Otras tecnologías, como la cogeneración, consiguen salvarse de estos peajes hasta el 31 de diciembre de 2010. Se trata de excepciones, las plantas que estaban vendiendo energía podrán continuar hasta este plazo, pero las que hacían autoconsumo y las que se construyan tendrán que pagar este peaje y ya no será rentable.
La conclusión de todo esto es que el gobierno nos incita al ahorro de energía y al uso de fuentes alternativas, y quienes ya han dado el salto y han instalado sistemas que podrían suponer un ahorro ya que al instalar los paneles fotovoltaicos y generar electricidad para el autoconsumo e incluso para verterla a la red, ahora se encuentran con una nueva tasa más por usar este método e incluso no recibir descuentos por inyectar electricidad a la red. Con lo cual volvemos a ver como nuevamente el gobierno vuelve a poner por delante los intereses de las grandes empresas energéticas y dejar con cara de tonto al ciudadano que ha desembolsado su dinero para instalar estos sistemas con la promesa de que sería rentable para ahora cambiar la ley y hacer que su uso sea aun más caro incluso que el consumo normal de electricidad. Es la única forma de explicar tal estupidez
Volvemos a dar otro paso atrás en lo que a uso de la energía se refiere, cuando España podría ser un país puntero a nivel mundial en el uso de energías limpias que hacen ahorrar dinero a familias y empresas, nosotros las gravamos y nos volvemos a situar a la cola. Por poner un ejemplo: En California, el estado concede créditos a bajo interés a quien quiera instalarse en su casa un sistema de paneles solares. Además, el costo de la compra e instalación es deducible de los impuestos. Y, por si esto no fuera poco, la compañía de electricidad instala un dispositivo para el caso de que el usuario produzca más electricidad de la que necesita, esta salga por el dispositivo terminado en un contador y vaya a la red convencional y la compañía de electricidad te abona el superávit. Todo esto se hace con el fin ecológico de no obligar a las compañías eléctricas a quemar combustibles, a construir presas hidroeléctricas y a usar energía nuclear para producir la electricidad a la que obliga la demanda.
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